El doble estándar de Milei.

Gustavo González. Presidente y CEO de Editorial Perfil.

Recurrentemente vuelvo sobre la dramática coherencia entre las ideas expuestas por Javier Milei durante la campaña electoral y las que expresa desde que llegó al poder.

Como cuando para estas Fiestas les regaló a sus funcionarios el libro de su admirado anarcocapitalista Walter Block. Un texto que revela con transparencia los principios que siempre enarboló, aunque choquen con los valores y normativas vigentes. O esta semana, cuando con su coherente desdén por el cambio climático y la inversión estatal, se mostró alejado del drama de los incendios en el Sur.

Anti-Estado. Es cierto que existen sectores anarquistas que lo critican porque sostienen que su modelo económico no es libertario. Son casos como los del alemán Hans Hermann Hoppe, a quien Milei tanto elogiaba; o, a nivel local, el de Diego Giacomini, que fue quien lo introdujo en la Escuela Austríaca. Lo acusan fundamentalmente porque, tras dos años, no acabó con el Estado. Un principio básico de esa doctrina.

Sin embargo, el Presidente explicó durante la campaña que para llegar al objetivo anarquista se debía pasar antes por una transición minarquista: una destrucción paulatina para alcanzar un Estado mínimo que resulte la antesala de su eliminación total.

Su desprecio por el rol del Estado nacional en torno a los incendios del Sur es similar a su actitud, a las pocas horas de asumir la presidencia, con la inundación en Bahía Blanca que ocasionó 16 muertos y miles de evacuados: desligó la responsabilidad en las autoridades provinciales.

La única diferencia es que aquella vez viajó al lugar de la tragedia y ahora no. El único acompañamiento fue la imagen falsa que publicó, en la que se imagina saludando a un bombero entre llamas. Lo que nunca ocurrió.

Esto también es coherente con que los temas medioambientales no son una prioridad para quien viene a destruir a un Estado que hasta ahora se decía obligado a ocuparse de ellos.

Poco antes de asumir la presidencia había anticipado en un acto en la Sociedad Rural: “Una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera… ¿Dónde está el problema? El problema radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua. Cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad. Van a ver cómo entonces sí se termina la contaminación”.

Su promesa de destrucción paulatina del Estado también la está cumpliendo en este caso.

En 2024, el Gobierno solo ejecutó el 22% del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En 2025 dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados y para 2026 plantea una reducción del 71% sobre el año anterior. Son datos de la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales, una ONG activa desde 1985 en la Argentina. Su último informe señala que entre 2024 y 2025 los incendios se cuadruplicaron, llegando a casi 32 mil hectáreas destruidas. Este 2026 anticipa un resultado aún peor.

Pro-Estado. Pero aun reconociéndole su coherencia destructiva, es cierto que algunas críticas de sus colegas libertarios son atendibles.

Es que para alguien como él, que es capaz de avanzar en la desarticulación estatal en áreas sensibles como Salud, Educación y Medio Ambiente; y que dejó de invertir en Obras Públicas, cerró organismos oficiales, desfinanció al Estado, redujo su plantilla laboral y los salarios del sector, resulta sorprendente el crecimiento que en otros ámbitos alcanzó el aparato estatal.

Esta semana ingresó al Congreso el decreto que empodera a la SIDE como el principal órgano de un nuevo Sistema de Inteligencia Nacional. Además de los refuerzos presupuestarios que ya recibió el año pasado, el organismo controlado políticamente por Santiago Caputo tendrá la capacidad de detener a personas sin orden judicial, algo hasta ahora prohibido. También se le permitirá requerir la asistencia técnica y logística de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y se habilitarán tareas de inteligencia para prevenir “fuga de información clasificada”. Un aviso para los periodistas que pretendan investigar a los funcionarios.

Todo esto vía un decreto de necesidad y urgencia (el Congreso evaluará si es necesario y urgente) con el que se pretende reemplazar la ley 25.520, sancionada en su momento con un gran consenso.

Antianarco. Es justamente en materia de seguridad en donde aparece la mayor contradicción entre un anarquista que dice bregar por la desaparición del Estado y sus fuerzas represivas, y el mismo que en estos dos años revitalizó como ningún otro gobierno democrático el poder de policía estatal.

Es la contradicción de fondo de quien fue votado para ser jefe de Estado, habiendo hecho campaña anticipándoles a sus votantes que pretendía destruir el Estado que debía conducir.

Hope se siente autorizado a criticar a Milei por haber recibido tantos elogios de su parte. Lo califica de “showman” y “payaso”, lo acusa de apoyar al presidente más proteccionista y militarista de la Tierra (Trump), y sostiene que cualquiera que haya estudiado a Rothbard (Hope fue su discípulo) sabe que las Fuerzas Armadas y de Seguridad deberían extinguirse para ser reemplazadas por empresas privadas.

Por el contrario, Milei y su exministra Patricia Bullrich llevaron a la práctica un Protocolo de Seguridad (la Justicia lo declaró nulo antes de la feria y el Gobierno lo ratificó) que les permite actuar a las fuerzas públicas con una determinación nunca antes vista. De hecho, mucho más intervencionista que la de los gobiernos que reivindican al Estado, pero que siempre prefirieron dejar que en las calles operara la ley del mercado. Que, en la vía pública, suele ser la ley del más fuerte.

Gustave de Molinari, para algunos el primer anarcocapitalista, creía que el monopolio estatal sobre la seguridad solo le genera un alto costo a la sociedad, que a cambio recibe un servicio de mala calidad. Sostenía que, para un libertario, o bien eso era cierto o los principios en los que se basa el resto de su doctrina no eran válidos.

Rothbard decía que otorgarle ese poder al Estado era legitimar a una organización delictiva, bajo el principio de que todo Estado les roba a sus ciudadanos a través del pago de impuestos.

Para Milei: ¿el Estado roba y debe desaparecer o hay que hacerlo crecer?

Estado garrote. La idea mileísta de un Estado mínimo como paso previo a su extinción también se contrapone con la construcción de un aparato de comunicación estatal que hasta hace empalidecer al del kirchnerismo. Y a diferencia de las anteriores administraciones que informaban sobre los recursos y destinatarios de la publicidad oficial, tanto este gobierno como las empresas que controla no transparentan esa información.

Pero según el sitio Chequeado, solo YPF invirtió en el primer semestre de 2025 $ 54 mil millones, una de las mayores cifras desde su reestatización. Con ese dinero se alimenta la máquina mediática oficial y paraoficial en todas las plataformas. Siempre bajo la amenaza, implícita y explícita, de perder esos fondos.

El Teorema del Apriete estatal es conocido entre medios y periodistas. La publicidad de YPF es inversamente proporcional al sentido crítico. A más pauta, menos críticas al Gobierno.

Cuando los aprietes no funcionan, no hay publicidad. Que es lo que les pasa a los medios de Perfil. La misma discriminación que esta editorial sufrió en los 12 años de kirchnerismo y que derivó en un ejemplar fallo de la Justicia condenando al Estado.

A ese Estado que, para usos como este, un anarcocapitalista como Milei defiende e incrementa.

Es el lado estatista del hombre que quiere destruir al Estado, pero que –en el mientras tanto– lo utiliza como herramienta de control y castigo.

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